EN NOMBRE DE LA DIVERSIDAD
La ludoteca estival meañesa, que ofrece un total de 80 plazas para escolares
nacidos entre 2014 y 2022, reserva 5 para niños con una discapacidad reconocida
entre el 30 y el 60 por ciento, y sin problemas de movilidad, si bien dejando
fuera a escolares con un grado mayor a ese baremo.
Y de este último caso se hace eco la meañesa Noelia Lobato Tarelo, vecina
de Dena, que ha denunciado socialmente la situación de exclusión con uno de sus
hijos que, con un grado de autista severo y TDH, no fue admitido para poder
integrarse en una ludoteca municipal que, paradójicamente, reza bajo el
epígrafe “Somos Iguais-Corresponsabilidade 2026”. Un proyecto que llega co-financiado
entre el Ministerio de Igualdad del gobierno central (75 por ciento) y la
Consellería de Política Social e Igualdade de la Xunta de Galicia (25 por
ciento restante). En el reparto fijado, para las ludotecas meañesas (navidad y
verano) se falló una cuantía de 18.032,99 euros.
Noelia Lobato y su hijo en una foto de archivo
Noelia Lobato lamenta que “cuando se fijaron las bases en el concello eran
conscientes de que, al fijar el 60 por ciento como tope, iban dejar fuera a mi
hijo porque conocían su caso, más excluir también a cualquier otro que pudiese estar en esta situación,
tanto ahora como en el futuro si esa base se mantiene”. A su hijo, Anxo. L. P., con
sus 7 años de edad, explica su madre, “en este curso le revisaron la
discapacidad, subiendo su grado a un 85 por ciento”. “Ya en diciembre -añade-,
cuando la ludoteca navideña, tuve que pelearme con el concello para que, al
final, fuera admitido, pero en esta ocasión para el Ludoconcilia de verano ya no han accedido,
en base a la condición fijada como tope de discapacidad”. “Claro que él
-explica- es un niño que tiene sus limitaciones, que no ha avanzado cómo se
podía pensar para su edad, pero que en el patio del colegio juega con los niños y mismo se relaciona con ellos a su manera”.
“Es de lamentar -agrega-, que alcaldes y políticos aparezcan en actos con
globos violetas en apoyo a la causa cuando el día del autismo, entonces se fotografíen
como apoyando la discapacidad, para luego, en la práctica, nada de nada,
marginan a estos niños y con decisiones como esta los excluyen socialmente”.
Anxo,a sus 7 años, jugando esta semana en el parque de la Rúa Nova en Coirón
Concello, Ministerio y BATA
Desde el Concello de Meaño, el regidor le explicó, contestándole vía wsp
a la reclamación formal interpuesta por la vecina (siempre según la versión de esta última),
que “el concello carece de los medios adecuados (para atender el caso)” y que,
con ese grado de discapacidad, el niño “debe acudir a un centro especializado”.
Y es que atender a niños, según la norma, en los que la discapacidad sea
superior al 65 por ciento, se precisa de un monitor o cuidador añadido para
poder ofrecerle la atención personalizada que el niño pueda requerir. Ello, en
la práctica, pasaría en cualquier ludoteca -como en el caso de la municipal
meañesa- por una aportación económica para afrontar estos dos meses.
Noelia Lobato lamenta que, añadido, la negativa complica su situación
familiar “porque los dos progenitores trabajamos, y más aún en verano, por
cuanto regentamos locales ligados al turismo, y tenemos dos hijos autistas, este que es el mayor, con grado más severo”. Aún así la madre, dispuesta a pelear la causa, ha
elevado también una queja formal a la Valedora do Pobo de Galicia y al Ministerio de Igualdad “y lo hago -precisa-
no ya por mi hijo, porque este verano el concello no lo va a subsanar, pero ni
ánimo es visibilizar los casos niños con discapacidad en este y otros
ayuntamientos de Galicia donde puedan quedar fuera por normas excluyentes como
estas”.
En la queja que trasladó esta madre al Ministerio de Igualdad del gobierno central, éste, en contestación a su escrito, le refiere que "la organización concreta de las actividades y la gestión de los servicios señalados corresponde (...) a la Consellería de Política Soical e Igualdad de la Comunidad Autónoma de Galicia (...) y al Auntamiento de Meaño que desarrolla Ludoconcilia a través de una subvención que le otorga la Consellería". Cierto que el Ministerio le precisa a a esta madre que "de los hechos que expone podrían derivarse cuestiones relacionadas con una posible discriminación por razón de discapacidad en el acceso a servicios públicos", razón por la que le recomienda que "dirija su escrito a la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad" (aportándole dirección y correo-e al que remitir su queja), un paso que apresta a dar ahora esta madre.
Mario Trigo, presidente de BATA (Asociación para el Tratamiento del
Autismo) reconoce, "en le entrevista mantenida eon el alcalde de Meaño sobre el particular lo vi muy a la
defensiva, anteponiendo el tema de económico a cualquier otro, y no hubo
opción”. “Bajo mi opinión -explica- los concellos, o abren las ludotecas públicas, a todos los niños o no las abren, porque limitar el acceso, a unos
sí y a otros no, nunca debería ser una opción”. Desde su experiencia de años
con el mundillo de la discapacidad, reivindica que “aún siendo consciente de
que los recursos de las administraciones son limitados, apelamos en pro de un
reparto equitativo porque luego, a la hora de la verdad, la discapacidad
siempre se queda fuera”.
“Si las personas con discapacidad -agrega- son de pleno derecho,
tienen también los mismos que el resto, no debería caber la opción de
excluirlos”. En esa lucha por visibilizar la discapacidad, opina, “bajo mi
punto de vista, el primer paso es normalizarlo, y el segundo es la inclusión
social”. Por ello el presidente de BATA hace un llamamiento para que, en el futuro, “el
Concello de Meaño y otros en situación similar enmienden su posición, y nunca
excluyan a las personas en función de su grado de discapacidad”.
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| Madre e hijo en una imagen de archivo familiar |
Norma y opinión
El BOE del 20 de mayo de 2026, en el que el Ministerio de Igualdad regula su plan “Corresponsables” -fijando ese documento una aportación de 142.500.000
euros para este plan-, incide en la necesidad de acometerlo con “un enfoque
global para el cuidado de los menores facilitando una asistencia extraescolar
asequible, accesible y de alta calidad para los niños y niñas que asistan a la
escuela primaria (cobertura extraescolar y de vacaciones), incluidos aquellos
con discapacidad o con necesidades educativas especiales”.
Añadido, el documento establece que “tendrán acceso prioritario a los servicios las
familias que cumplan con alguno de los siguientes requisitos (…): Familias con
alguno de sus miembros con discapacidad reconocida administrativamente”. Una
condición esta última, en relación a la discapacidad, que también contempla literalmente el
DOG del 22 de enero de 2026. Y en ninguno de estos documentos se precisa grado alguno de discapacidad.
Cierto
que los concellos, establecen la norma y podrán acogerse en sus bases a
establecer condiciones propias. Y, entre ellas, Meaño ha fijado ese baremo de entre
“el 30 y el 60 por ciento”. Así las cosas, el gobierno local no incumple la norma y las condiciones establecidas son legales (pero ¿son legítimas?). Ahora
bien, y esto es opinión, en relación a la discapacidad: ¿Qué grado de
hipocresía tienen los políticos -y la sociedad-? ¿Por qué distancian sin pudor
las palabras, que tanto entonan con pompa, de las acciones que luego ejecutan?
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